Especialistas y asociaciones reclaman recursos para los casos en los que la convivencia familiar es imposible por el estado mental y la agresividad del paciente Feafes atiende a una veintena de indomiciliados con problemas psíquicos

ANA SANTIAGO.
La reforma de la atención psiquiátrica, a mediados del pasado siglo, puso fin a los encierros indiscriminados de pacientes con patologías psiquiátricas y los devolvió a sus casas. Despacio, lentamente, fueron creándose algunos recursos como centros de día, los servicios de ingreso de agudos de los hospitales, algunas plazas de rehabilitación, de ocupación laboral o talleres de mano de las asociaciones de familiares, sin olvidar los equipos de salud mental de Atención Primaria. Un deficiente e insuficiente sistema sanitario y social que los familiares de afectados no se cansan de denunciar.

La atención psiquiátrica es tal vez la asignatura más pendiente de la sanidad pública. En ello coinciden especialistas, parientes de enfermos, asociaciones e, incluso, responsables de la Administración sanitaria. Estas carencias en ocasiones resultan especialmente graves y crean difíciles situaciones dado que enfermos con esquizofrenia, trastornos de conducta o neurosis obsesiva que hayan abandonado su medicación y control médico requieren una intervención que no llega. En Valladolid no hay ninguna posibilidad de ingresar en centros o unidades de larga duración, no existen, y, por lo tanto, los casos que así lo requieren están en problemática convivencia con sus familias, indomiciliados o abandonados a su suerte o en servicios asistenciales cuya función social y sanitaria es otra.

Así ocurre con la Unidad de Rehabilitación Psicosocial del Doctor Villacián, ahora ya dependiente del Río Hortega. Este servicio tiene por objetivo el tratamiento temporal, de tres o cuatro meses, para recuperar y estabilizar pacientes. Un recurso intermedio con cuarenta camas de las que, en torno a la mitad, están ocupadas por enfermos de larga estancia. Esto supone que los pacientes psiquiátricos más graves no estén en unidades específicas y que además 'quiten' plazas a los que requieren rehabilitación. El jefe del servicio, el doctor Fernando Colinas, destaca que efectivamente hay este problema de plazas de larga estancia para determinado tipo de paciente, «aunque no son muchos requerirían centros para enfermos crónicos pero no los hay en Valladolid».

El Doctor Villacián cuenta además con otras 22 camas, que también pasarán al nuevo Río Hortega, y con 27 el Clínico, todas ellas para ingresos de agudos, es decir, crisis puntuales que requieren hospitalización.

En toda la comunidad, solamente hay un hospital, el de Santa Teresa en León, que atienda enfermos psiquiátricos de por vida, y la Junta tiene algunas plazas concertadas en centros privados.

También está previsto abrir en breve la unidad dual, para deficientes con trastornos psiquiátricos, en León, pero será también de estancia temporal.

Feafes, la Federación de asociaciones de familias de estos enfermos, reclama recursos intermedios que liberen a las familias de casos para la que los padres, además generalmente mayores, no están preparados para tratar ni pueden ya que requieren tratamiento y seguimiento muy especializado además de vigilancia específica.

Descoordinación

Mercedes López, trabajadora social de la asociación provincial El Puente, destaca que «hay un claro vacío de dispositivos y de coordinación entre los Servicios Sociales, Sacyl y Justicia». «Los recursos de larga estancia no solamente no existen sino que, debido a su carencia, se aprovecha la mínima ocasión de una denuncia por agresión por parte de un paciente para llevarlos a un centro penitenciario y este, indudablemente, no es su lugar».

«Hay personas que son imposibles de integrar y con un sólo enfermo que actúe y agreda, afecta a todos de forma negativa porque se estigmatiza la enfermedad y el problema es de falta de control médico porque no lo hay institucional. No todos los pacientes lo precisan, pero en algunos casos es necesario que el juez dicte una orden de seguimiento obligatorio». «Los enfermos -añade Mercedes- no van a pedir ayuda, ni tratamiento ni atención pero es necesario ocuparse de ellos pero para ello es preciso el apoyo judicial».

Feafes, en colaboración con Cáritas y Cruz Roja, trabaja en el seguimiento de casos de personas indomiciliadas y con algún tipo de trastorno mental, que dichas organizaciones derivan desde su red de albergues. Un programa que implantó en el 2005 y que atiende a una veintena de afectados al año, 17 casos en la actualidad, pero la falta de recursos dificulta también el desarrollo de este plan, dependen de subvenciones y no son suficientes para dedicar personal específico a ello dado que son personas sin pensiones, a veces sin casa, que viven abandonados y solos hasta que un problema serio hace reaccionar a la sociedad.